Como resultado del consenso existente sobre el hecho de considerar que el fraude y la corrupción son un problema que frena el desarrollo social y económico de la sociedad y en la necesidad de ponerle remedio, se ha promulgado la Ley 16/2016, de 9 de diciembre, por la que se crea de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears, en cuya Exposición de Motivos anuncia que resulta imprescindible poner más medios en todo cuanto afecta a la lucha contra el fraude y la corrupción, establecer mecanismos de control y hacerlos aplicables a todo el sector público de las Illes Balears.
Indica la Ley que los cargos públicos incluidos en su ámbito de aplicación tienen la obligación de formular una declaración patrimonial que abarque la totalidad de sus bienes, derechos, obligaciones y actividades.
En el ejercicio de las funciones de investigación e inspección, la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears puede acceder a cualquier información que se encuentre en poder de los órganos, los organismos públicos o las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, incluidos en su ámbito de actuación. En el caso de los particulares, las potestades de inspección se limitarán a las actividades relacionadas con los contratos, las ayudas o las subvenciones públicas otorgadas.
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