Nueva ley: ¿fin al desperdicio alimentario?

Según datos de la Comisión Europea, el 20% de los alimentos se pierden o desperdician, de este modo, la Unión Europea ha suscrito un compromiso para reducir sustancialmente el desperdicio alimentario para el año 2030. La política europea en materia de reducción del desperdicio alimentario se sustenta sobre tres pilares fundamentales: la seguridad alimentaria, la reducción del desperdicio y el apoyo a la donación.

Ahora bien, es importante destacar que, de las 7.7 millones de toneladas de desperdicio alimentario que produce España, el sector hostelero produce un pequeño porcentaje (el 12%, equivalente a 840.000 toneladas) comparado con otros grupos (industria agroalimentaria un 19%, la red de supermercados un 5%, los agricultores y ganaderos un 11% y en los hogares un 53%).

La Hostelería es un sector muy comprometido con la reducción de desperdicio alimentario. Prueba de ello es que, en el ámbito europeo, la HOTREC (la organización empresarial que representa a nivel europeo a Hoteles, Restaurantes, Bares y Cafeterías) suscribió un acuerdo con la Federación de Banco de Alimentos y promover así la donación de alimentos y reducir así el desperdicio alimentario. Acompañando así los convenios suscritos por alrededor de 200 gobiernos con objetivos de desarrollo sostenible para reducir más de 1.300 millones de toneladas de alimentos que se desperdician anualmente en el mundo.

En este sentido, el Consejo de Ministros español aprobó ayer el pionero Proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario con la finalidad principal de prevenir y reducir las pérdidas y desperdicio alimentario por parte de los agentes de la cadena alimentaria (refiriéndose a los productores, transformadores y distribuidores de alimentos como la hostelería y restauración), facilitar la donación de alimentos y contribuir a satisfacer las necesidades alimentarias de la población vulnerable. Únicamente Italia y Francia contaban con una normativa similar.

En el caso concreto de las empresas del sector de la hostelería o restauración deberán promover (junto con la Administración) un modelo de buenas prácticas exigidas en la nueva norma, como disponer de un plan para evitar y reducir las pérdidas y desperdicio alimentario incorporando criterios de compra sostenible y de calidad (alimentos frescos de temporada, locales o ecológicos), flexibilizando los menús, fomentando la donación de excedentes con fines sociales, formar y sensibilizar a su personal, etc.

Sin embargo, además, deberán ofrecer e informar al consumidor de forma clara y visible en el propio establecimiento que pueda llevarse, si lo desea y sin coste alguno, los alimentos que no haya consumido. Para eso se emplearán envases reutilizables, compostables o fácilmente reciclables.

Por su parte, las Administraciones públicas competentes deberán colaborar en la lucha contra el desperdicio alimentario llevando a cabo campañas divulgativas y de promoción del consumo responsable y reducción de las pérdidas en aras de sensibilizar y formar a los consumidores.

Las sanciones a imponer son elevadas, las infracciones leves serían sancionadas con multa de hasta 6.000 euros, sin embargo, las infracciones muy graves (basándose principalmente en la reincidencia de infracciones graves cometidas en un plazo de dos años) podrán sancionarse entre 150.001 y 1.000.000 euros.

Las previsiones es que se apruebe a lo largo de este año y las obligaciones contenidas en la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario sea aplicable a partir del 1 de enero del año 2023.

Miquel Planas

Abogado

mplanas@monlexabogados.es

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