Las limitaciones de movilidad establecidas por los Estados para frenar el contagio de la COVID-19, así como la reducción de la actividad ha golpeado el transporte aéreo de pasajeros, sector estratégico para España y motor de una de nuestras primeras fuentes de riqueza, el turismo.

Desde el momento en que una aeronave inicia su aproximación a un aeropuerto y hasta que vuelve a despegar del mismo se devengan un conjunto de importes, entre los que se incluyen, las tarifas aeroportuarias. A nivel nacional, las tarifas aeroportuarias de AENA, reguladas en la Ley 18/2014 y en la Ley 21/2003, de 7 de julio de Seguridad Aérea, son las contraprestaciones que ésta tiene derecho a percibir por los servicios aeroportuarios básicos. Tienen la naturaleza jurídica de prestación patrimonial pública y se configuran como un sistema común de tarifas que abarca a la red de aeropuertos de este gestor. Ello supone que se aplican las mismas tarifas por cada servicio aeroportuario prestado en los aeropuertos pertenecientes al mismo grupo, distinguiéndose los grupos de aeropuertos en función del tráfico anual de viajeros gestionados en cada uno de ellos.

En relación a las mismas, los gastos que tienen las aerolíneas para operar sus aviones son varios y se calculan, entre otros, en función de cada aeropuerto, el peso máximo de despegue del avión y la clase de vuelo. Tomando como ejemplo el aeropuerto de Palma de Mallorca, las líneas aéreas deben actualmente pagar 6,91 € por tonelada de peso del avión, siendo la cuantía mínima 93,95 €; lo citado sólo en concepto de derecho de aterrizaje. Así pues, mientras que para los grupos aeroportuarios, las tarifas suponen su mayor fuente de ingresos, las aerolíneas reclaman rebajas en las mismas, especialmente en los tiempos que estamos viviendo actualmente, con una reducción drástica de la demanda y unos costes de estacionamiento de aeronaves que suponen grandes gastos para las compañías aéreas.

Durante el estado de alarma, el Gobierno y AENA establecieron un periodo de carencia de seis meses para que las aerolíneas no tuvieran que afrontar el pago de las tasas de estacionamiento acumuladas durante el mismo. Ahora bien, transcurridos los seis meses desde que arrancara el estado de alarma, las compañías aéreas tienen que empezar, a partir de ahora, a pagar mes a mes el dinero adeudado. Cabe destacar que la cuantía de esta prestación depende de distintas variables como el tipo de avión o el tiempo de estacionamiento. La tarifa máxima, no obstante, es de 1.810 euros por aeronave las primeras 24 horas, y de 987 euros por día a partir de la segunda jornada. Una factura considerable para las aerolíneas en los tiempos que vivimos y grandes ingresos para AENA, especialmente si tenemos en cuenta que el gestor aeroportuario tiene más de 400 aeronaves estacionadas de distintas compañías, ubicados principalmente en los aeropuertos punteros de su red tales como el aeropuerto de Madrid-Barajas, Barcelona-el Prat o Málaga.

Asimismo, existen aeropuertos españoles, no perteneciente a la red AENA, al que la crisis del coronavirus  también le ha reportado grandes beneficios. Destaca el aeropuerto de Teruel, que cuenta con más de 100 aviones estacionados, convirtiéndose en uno de los más preciados parkings de la aviación mundial. De hecho, la COVID-19 ha relanzado las inversiones en este aeródromo y ha acelerado la puesta en marcha del proyecto de ampliación de espacios. Cabe además destacar el aumento de estacionamientos en los aeropuertos de Ciudad Real, Castellón y Lleida, con precios de estacionamientos muy competitivos e inferiores a los ofrecidos por AENA.

Ahora bien, la pandemia también ha tenido un impacto negativo en los aeropuertos españoles. AENA estima en 294 millones el impacto de las medidas de control sanitario previstas para este año y el siguiente con el fin de evitar contagios por coronavirus a partir de las recomendaciones elaboradas por la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) y el Centro Europeo para la prevención y control de enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) en materia de transporte aéreo.

AENA tendrá derecho a recuperar los costes en los que incurra como consecuencia de la colaboración con las autoridades sanitarias y de las restantes medidas operativas de seguridad e higiene que deban adoptar como consecuencia de la pandemia COVID-19. Dichos costes, atendiendo al Real Decreto-ley 21/2020, de 9 junio, se recuperarán en el marco del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) por lo que AENA sumará a las tarifas de las aerolíneas los costes por el control de la COVID-19. La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) se opone a que AENA les repercuta por el sobrecoste que le van a suponer los controles sanitarios y de las medidas de seguridad e higiene que deba adoptar como consecuencia de la pandemia del coronavirus y reclama al Gobierno que asuma la totalidad de estos costes derivados de las nuevas medidas sanitarias, además de una bajada de tarifas para estimular la demanda

Al margen de los aeropuertos españoles, destaca la iniciativa de Paraguay donde la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) ha anunciado la exoneración temporal de cuatro tasas aplicadas a las líneas aéreas por un periodo de seis meses, medida que entrará a regir a partir del 21 de octubre con la vuelta de las operaciones aéreas y a fin de estimular los vuelos.

Marta Guerrero

Asesora jurídica especialista en Derecho Aeronáutico

mguerrero@monlexabogados.es

 

 



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